El bloqueo sanciona a quienes nos hacen llegar libros

Silencio cómplice y atractivo. Sosiego de cosas dichas y por decir. Rumor de los libros y los pasos. Brisa que no es brisa, sino clamor de letras vivas y carencias ocultas. Esto y más resaltan la majestuosidad de ese templo hierático de cultura, que es la Biblioteca Nacional José Martí.

Pero ni la grandeza arquitectónica ni el prodigio de los textos fueron siempre sinónimos de la Biblioteca Nacional José Martí, la institución cultural más antigua de Cuba, que este 18 de octubre celebrará sus 105 años de fundada.

El peregrinar de libros, documentos y bibliotecólogos por “rincones de menor uso” son la simiente de ese tesoro que encierra y extrapola el actual edificio, terminado
en 1958.

Araceli García Carranza, maestra devenida “historiadora” de la Biblioteca, rememora la lucha de hijos ilustres de la patria por salvar y darle el valor que merecía la institución, entre ellos a Gonzalo de Quesada y Aróstegui, a Domingo Figuerola Caneda —aportó su propia biblioteca para fundar la nacional—, a Francisco de Paula Coronado, Emilio Roig de Leuchsenring y muchos otros, que rescataron de inconcebibles locales el valor patrimonial que se encerraba en libros y documentos compilados.

La Biblioteca tuvo asiento en el antiguo Castillo de la Fuerza, el Departamento de Instrucción Pública, la Maestranza de Artillería, el Capitolio —algunos libros se almacenaron en cajas—, y el sótano de la antigua cárcel, donde un incendio devastó parte de la colección.

“La Revolución heredó un edificio con escaso patrimonio, casi mínimo, pero de una inmensa valía. La Biblioteca es la memoria viva de Cuba; no hay dinero que pueda comprar este erario”.
Aquí se conserva el primer libro cubano conocido, como lo califica Araceli: la Tarifa de precios de medicinas de 1723. Y se extraña de que no existan otros más antiguos, pues la imprenta comenzó a funcionar en el país desde principios de esa centuria.

Más allá de la edificación

“Las bibliotecas ya no son entes pasivos en espera de sus usuarios; son organizaciones pro activas —salen a la calle a promover sus colecciones y servicios— y se encuentran en regiones intrincadas, en prisiones, hospitales, hogares de ancianos…, este servicio se conoce como extensión bibliotecaria y tiene más de 40 años”, argumenta la especialista Blanca Libera Bonilla.

“La Biblioteca Nacional José Martí (BNJM) tiene sus usuarios y sus servicios, algunos especializados, diferentes de las públicas, que reciben una población más diversa”, explica.
Cuba tiene una red nacional, en correspondencia con la conservación, estado de las colecciones, desempeño de funciones. El país cuenta con dos edificios construidos como bibliotecas, la Nacional y la de Marianao; el resto de las casi 400 que existen, funcionan en locales adaptados, asegura Blanca. En el 2005 brindaron más de 15 millones 176 mil servicios a más de nueve millones 100 mil usuarios, cifras que superan ampliamente las del año anterior.

Pero este patrimonio se lacera con el despiadado bloqueo que Estados Unidos impone contra Cuba desde hace más de 45 años. “Se limitan las relaciones de canje que tienen las bibliotecas con otras en el mundo, hay sanciones para quienes nos hacen llegar los libros, los textos y el personal nuestro no puede salir del país por las restricciones; se afectan las colecciones, restauraciones, digitalizaciones por carencias de insumos que se adquieren en EE.UU. o terceros países”, comenta Blanca.

Cuarta etapa del bloqueo

Un informe de las especialistas Vilma Ponce y Nuria Pérez, de la Biblioteca, califica el actual mandato presidencial en EE.UU. como la cuarta etapa de incidencia del bloqueo en las relaciones entre bibliotecas y bibliotecarios cubanos y norteamericanos, y demuestra que las instalaciones sufren daños irreversibles en sus colecciones y locales por las limitaciones financieras y comerciales impuestas, lo cual lesiona sensiblemente la calidad de los servicios.

A pesar de que el gobierno norteamericano asegura que el bloqueo no se extiende al ámbito cultural y científico, este es evidente en las restricciones que rigen para la firma de convenios de colaboración, asegura el informe del Consejo Científico de la BNJM, que recoge además, la negación de visas a bibliotecarios y dirigentes del sector, “lo que se ha convertido en una norma de la actual administración estadounidense”.

Según la propia fuente, como resultado de esta medida en los últimos cinco años, ocho bibliotecarios y dirigentes del sector no pudieron viajar a EE.UU., ni otros dos a Puerto Rico, para asistir a conferencias internacionales e intercambios culturales, fomentar la colaboración, recibir o impartir cursos y adiestramientos. “Es deplorable que el gobierno norteamericano niegue la entrada a su país a profesionales cubanos que ocupan cargos en organizaciones internacionales”, refiere el informe de la BNJM.

El documento señala limitaciones para el uso de programas de Microsoft, consigna que estos no pueden ser exportados a Cuba, a terceros países que negocien con ella, o a personas que se sospeche puedan hacerlos llegar a la Isla”. Todo lo que se adquiere en esta materia conlleva incrementos en los precios y demoran más en llegar, incluso las mismas restricciones impiden a los nacionales pagar las licencias para usar los antivirus que se comercializan internacionalmente.

Los documentos se deterioran “por la imposibilidad de fumigar con los productos requeridos y la periodicidad necesaria, por su alto costo en el mercado internacional”. Por estas razones y la falta de herramientas e instrumentos para la restauración y conservación, se cerró en 1995 la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, de la capital; el pequeño taller de conservación y restauración de la Biblioteca de Casa de las Américas está prácticamente paralizado por la insuficiencia de papel japonés y cartulinas libres de ácidos.

El informe de Cuba a la Asamblea General de Naciones Unidas de 2004, sobre la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, expresa que de poder adquirir los materiales e insumos necesarios en el mercado estadounidense o a través de empresas norteamericanas radicadas en el Caribe, Centro o Sudamérica, se podrían restaurar 3 mil 600 documentos anualmente. Hoy no se alcanza el 20% de esta cifra.

Las leyes del bloqueo prohíben a todas las instituciones norteamericanas las donaciones o colaboraciones con centros cubanos, que de violarse conllevarían sanciones hasta por 50 mil dólares o el decomiso de los fondos, documentos o artículos que consideren medios de violación.

Del asedio contra Cuba también son fruto las llamadas bibliotecas independientes, calificadas por Rhonda L. Neugebauer, bibliógrafa sobre estudios latinoamericanos, de la Universidad de California, EE.UU., como “lugares de llegada y puntos de contacto para el personal de la Sección de Intereses estadounidenses y otros, que los visitan regularmente para entregar materiales y dinero